19/08/12 Clarin Por
Guido Carelli Lynch No editan un solo libro desde 2009. Sus oficinas y salas están casi destruidas. Y además, la mayor parte de sus empleados está de licencia y no permiten el acceso a sus 4 mil títulos impresos y mil grabados en audio.
Alguna vez fue la imprenta para ciegos y discapacitados visuales más importante de América latina. Hoy es un edificio semivacío, sin electricidad, sin baños, sin gas, ni calefacción. La mayoría de sus empleados –entre 50 y 60, en total– está de licencia, sufrió mudanzas intempestivas, y hay desmentidas y acusaciones cruzadas alrededor de una editora que no imprime libros desde hace tres años. En el medio, por supuesto, los usuarios, por los que nadie responde.
Ese panorama desolador es el que rodea a la Editora Nacional Braille y Libro Parlante, que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es la encargada natural de proveer materiales de estudio para decenas de escuelas especiales en todo el territorio argentino, pero hoy está cerrada al público.
La Editora producía, diseñaba, diagramaba y suministraba material educativo impreso en relieve sobre papel, sobre mapas o gráficos diversos, hecho con equipamientos especiales. Libro Parlante se ocupaba del registro oral, digitalización y clasificación de textos ya no sólo educativos, sino del amplio espectro literario tanto en cassettes, como en discos compactos. Todo eso está detenido, igual que el servicio para grabar, a pedido de cualquier usuario no vidente, material específico necesario para exámenes, cuyo contenido no formaba parte del catálogo de publicaciones. Pero no todo es literatura y educación “Si estuviéramos hablando de una Editora Nacional Braille en serio no hablaríamos solamente de libros. Estaríamos hablando de empaques médicos, de fechas de vencimiento, de entradas al cine en braille”, explica José Viera, presidente de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA).
Las obras para reacondicionar la sede en Hipólito Yrigoyen 2850, en el barrio de Once, comenzaron en junio de 2011 pero nunca terminaron. Los problemas, sin embargo, empezaron mucho antes. En 2002 una nota de Clarín denunció el abandono de la institución y del edificio. La Editora Nacional Braille, la Biblioteca Julián Baquero y la de Libro Parlante que allí funcionaban, se mudaron al edificio de Juncal 851, del Ministerio de Relaciones Exteriores. En 2011, la Cancillería reclamó el inmueble. Antes, en 2009, se abrió un expediente para mudar la editora a Lomas de Zamora, que los empleados resistieron con éxito. En octubre dejaron de atender al público para embalar y volver al edificio de Yrigoyen, que ahora debían compartir con oficinas de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), que los representa. Al volver, se encontraron con que el lugar estaba en iguales o peores condiciones que antes de su partida, hace ya diez años. Por eso, la mayoría de los empleados no trabaja desde enero, cuando comenzó la mudanza que terminó en marzo. Nunca se hizo un inventario. Los empleados que en 2002 se quedaron en Yrigoyen dejaron de trabajar en junio del año pasado.
Pero ese mismo edificio tiene otros espacios remodelados y en plena actividad , como el que ocupa desde este año un archivo de Relevamiento del Instituto de Menores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. UPCN tiene oficinas y organiza ciclos y seminarios. El edificio lindero, también propiedad de la Secretaría, está tomado desde hace años por familias, y colgado del servicio de Aguas Argentinas de la editora.
En Argentina hay 317.000 discapacitados visuales según la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad que arrojó el Censo de 2001 (la de 2010 no se ha hecho). Sólo el 15% de las personas con discapacidad visual que leen emplean el sistema Braille; el resto escucha libros y unos pocos usan sistemas digitales táctiles. El sitio en Internet de la Editora Nacional Braille y Biblioteca Parlante (http://editorabraille.com.ar), con índice pero sin contenidos ni información alguna, es la mejor imagen de lo que la Editora puede ofrecerles. Eso, a pesar de los 4 mil volúmenes de la Biblioteca de Braille Julián Baquero y los más de mil que atesora la Biblioteca Parlante.
“Nosotros tenemos una preocupación común: volver a trabajar y que la Editora vuelva a funcionar . Estamos luchando por nuestros puestos de trabajo y por el derecho de los usuarios”, asegura David Morales, uno de los trabajadores de la Editora, ciego, como la mayoría de ellos. Lamenta que se les haya perdido el rastro a materiales de estudio para primaria, secundaria, terciarios y de música. Morales trabaja allí desde 1987 y es uno de los pocos que se anima a dar su nombre y apellido. “No hay una fecha determinada de regreso del personal y es lo más preocupante. Nadie da la cara”.
Las escuelas especiales son las que más sufren el parate.
Las que pueden recurren a sus propias impresoras –de capacidad mucho más acotada–, y las que no, pagan a instituciones privadas.
“El primer problema que tiene la Editora es que está en un ministerio que no corresponde, como el de Acción Social, a cargo de Alicia Kirchner. Tendría que pertenecer a la secretaría de Cultura o al ministerio de Educación”, dice otro trabajador que prefiere resguardarse en el anonimato. “De ahí surgen miles de problemas. Hay funcionarios con antecedentes laborales en hogares. La Editora no es un hogar. Los ciegos no tenemos que estar asistidos”, insiste.
La falta de materiales para impresión e infraestructura ha sido una dificultad constante en los últimos años. El Rotary Club donó cabinas de grabación y computadoras. “Siempre hubo problemas de presupuesto para la Editora”, insiste otro trabajador.
En 2009, último año en que la Editora catalogó un libro “nuevo”, la FAICA, que había firmado con la Secretaría un acuerdo de asistencia técnica para refuncionalizar la Editora, reclamó que se incorporara un director ciego, tal como marcaba la tradición de la institución. El reclamo nunca prosperó y los actuales coordinadores Estela Venere y Guillermo Fotía, ejercen sus cargos por decreto, no por concurso. Ninguno de los dos es especialista en edición tradicional o de Braille.
“Lo principal es la falta de prestación de un servicio que el Estado debe garantizar. Desde marzo de 2009 la Editora no ha producido ni un material accesible, en audio o braille. Creemos que tiene que estar conducida por una persona con idoneidad pero con discapacidad visual. Hubo promesas, pero la Editora sigue a cargo de personas que no tienen idoneidad ni discapacidad, y esto también es una fuente laboral para las personas con discapacidad”, dice el presidente de la FAICA. “Se está violando un derecho fundamental, como el acceso a la educación, al esparcimiento, a la literatura, a la información”, agrega.
Desde la Secretaría confirmaron a varios de los empleados que las obras ya estaban concluidas, pero los servicios básicos siguen sin conectarse.
Clarín pidió una entrevista formal con el subsecretario de Desarrollo Institucional e Integración Federal Claudio Franchello –responsable político de la Editora– pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta. Tampoco autorizó al coordinador Guillermo Fotía a brindar una explicación oficial sobre el estado y el funcionamiento de la institución, La Editora, en tanto, sigue paralizada. La diputada nacional por Tucumán, Miriam Gallardo, del Frente para la Victoria, presentó en marzo al Congreso un proyecto de ley para que Aerolíneas Argentinas imprimiera el instructivo de seguridad para pasajeros en Braille. La Editora Nacional se haría cargo. La empresa finalmente elaboró el instructivo sin necesidad de la ley: recurrió a una imprenta privada.
“Ojalá que esta capacidad de reacción sea símbolo de lo que nuestro país necesita en este momento”, se entusiasmó en 2002 el antiguo director de la Editora Hugo García Garcilazo con la mudanza a Juncal consumada. A juzgar por los hechos, las autoridades y el estado argentino consideraron que los ciegos no necesitaban del país.
